SICPA ha presentado el informe 'Situación del comercio ilícito y fraude en España, Europa y resto del mundo'

SICPA, proveedor de todo tipo de soluciones para la autenticación segura, identificación, trazabilidad y preservación de cadenas de suministro en un mundo cada vez más digitalizado, presentó ayer por la mañana en su madrileña sede de la calle de Velázquez el informe ‘Situación del comercio ilícito y fraude en España, Europa y resto del mundo’, un documento dirigido a concienciar a la sociedad del problema que supone el fraude y el comercio ilícito para la salud, la economía, el empleo y el medioambiente.

El informe de SICPA se centra en datos muy concretos:

• En España se calcula que el impacto porcentual en el PIB de las falsificaciones se sitúa en torno al 20%, con unas pérdidas directas de ventas por falsificaciones de 5.700 millones de euros al año y 44.700 empleos perdidos.
• En toda la UE, se estiman unas pérdidas de 50.000 millones de euros al año y 416.000 empleos.
• Y, a nivel social, un tercio de los europeos (31%) considera que las falsificaciones son una alternativa aceptable en caso de que los precios de los productos auténticos sean altos. En la franja de 15 a 24 años, el porcentaje alcanza el 50%.
• El documento también muestra las distintas formas de percibir y enfrentarse al fraude, y las legislaciones y movimientos institucionales recientes que tratan de combatirlo, antes de centrarse en señalar su insuficiente contribución a solucionarlo: la venta de productos falsificados y la vulneración de los derechos de propiedad industrial siguen siendo una tendencia al alza.
• El enfoque integral que se reclama en este informe es el que alumbrará la "Economía de la Confianza”, una verdadera economía securizada y confiable a escala mundial que proteja cualquier transacción, interacción y producto que pase por nuestras manos.
• Sin duda, los sectores económicos que implementen el modelo basado en la transparencia y la trazabilidad -exigente, rigurosa y capaz de abarcar los impactos ambientales, como las emisiones de CO2 y la contaminación del agua- podrán distinguirse como líderes en la adopción de prácticas sostenibles y éticas, y, por tanto, fortalecer su posición en el mercado a través de la confianza de los consumidores.

Mesa redonda con los principales agentes económicos españoles

El acto incluyó una mesa redonda presentada y moderada por Fabián Torres, director de Desarrollo de Negocio de SICPA España, en la que representantes de las asociaciones sectoriales económicas más afectadas - alimentación, cosmética, bebidas, perfumería y artículos de lujo- y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contextualizaron el problema e identificaron la naturaleza multidisciplinar y transnacional del fenómeno.

Durante la presentación, Martín Sarobe, CEO de SICPA SPAIN SLU, puso de manifiesto la necesidad de arrojar luz sobre el problema y concienciar a los ciudadanos de que el fraude, las falsificaciones y la violación de la propiedad industrial es un problema no solo económico, sino también social e, incluso, sanitario, que necesita una respuesta conjunta que sólo será óptima si, además de medidas, incluye un despliegue de soluciones tecnológicas. En este punto, SIPCA puede hacer una contribución significativa con sus vanguardistas soluciones de seguridad y trazabilidad ya disponibles para combatir el fraude.

“El informe persigue un objetivo, que es servir de ayuda para dirigir el foco en el centro del problema, levantar conciencias y proponer soluciones”, explicó Sarobe. “Se estima que, en los años prepandemia, los últimos de los que tenemos datos, el comercio de falsificaciones suponía un 2,5% del PIB mundial, unos 120.000 millones de euros, casi un 6% del total de las importaciones de la UE. Las dimensiones de las cifras son enormes y es un problema global, no centrado sólo en un área concreta”, aclara el CEO.

En la mesa también participaron responsables de diversos sectores y agentes implicados, como José Ángel San José, inspector jefe de la Brigada de la Policía Científica y jefe de Documentoscopia en Málaga, por donde pasa un 30% del volumen general de falsificaciones de nuestro país. Según San José, las penas no están adecuadas al volumen de dinero que se mueve, no son proporcionalmente adecuadas, y los controles son insuficientes. 

Por su parte, Miguel Lorite, teniente de la Guardia Civil - Unidad Técnica de Policía Judicial resaltó los beneficios del fraude y las falsificaciones para el crimen organizado y lo ligó

al bajo reproche penal que acompaña esta situación “Los beneficios son muy elevados para los delincuentes, lo que les permite financiar otras actividades ilícitas, como el narcotráfico o terrorismo, además de suponer un grave perjuicio para el empleo, el medioambiente y la seguridad de los consumidores”, explicó. 

También Gerard Guiu, CEO de ANDEMA (Asociación para la Defensa de la Marca), un lobby que reúne casi 90 marcas y que, en sus propias palabras, no sólo defiende a las empresas, sino también a los consumidores, con un estricto cumplimiento de la ley”. habló de cómo para tratar de revertir la situación, ANDEMA ha puesto en marcha medidas como la formación activa a policías, fiscales, jueces, la concienciación de la gente joven en general y de los influencers en particular y la creación de un ecosistema ANDEMA y su conversión en think tank a través de un centro de estudios. 

Enrico Frabetti, director de Política Alimentaria, Nutrición y Salud de la FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas) denunció el peligro que suponen estas actividades ilícitas para los consumidores, con la pérdida de confianza hacia la empresas y hacia el sistema, hacia las autoridades y los sistemas de control, como consecuencia más grave.

Finalmente, Óscar Mateo, director de Conocimiento de STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética), representante de uno de los sectores más valorados por el consumidor final gracias a sus productos de alta gama, dijo: “No hay que ayudar al inmigrante de la manta. Los consumidores deben saber que detrás hay una mafia beneficiándose de que el consumidor no atienda a cuestiones como la seguridad de los productos”. Mateo no dudó en denunciar la situación actual: “las marcas cumplen con la legislación, pagan impuestos y generan empleo, pero compiten con otros que son delincuentes, todo un reto para la industria”. Para el responsable de STANPA, la Administración debe ser más contundente en las penas y la Justicia tiene que ser más ágil y más sensible. "Nos sentimos desprotegidos por la administración, no por las fuerzas de seguridad”, aclaró.

De forma común se puso de manifiesto la necesidad de solucionar el problema aplicando un enfoque integral, y se llegó a la conclusión de que es urgente la implantación de medidas que ayuden a coordinar las actuaciones, la armonización y reforzamiento de las legislaciones antifraude, la optimización del sistema de recogida y el manejo de datos estadísticos para conseguir una mayor sensibilización y formación de los ciudadanos sobre la realidad de este fenómeno.

El fraude y el comercio ilícito son un problema grave y al alza, que no sólo se ha visto impulsado por el delicado contexto internacional, sino que está siendo espoleado por el adormecimiento de las conciencias de los ciudadanos, que no son capaces de ver el tremendo agujero económico que estas prácticas fraudulentas suponen para estados, empresas y contribuyentes ni las numerosas y aún más peligrosas consecuencias para el medioambiente y su propia salud y seguridad.